COLOMBIA.- La antigua guerrilla de las FARC debe responder por los secuestros y otros crímenes de guerra por los que la Justicia Especial para la Paz (JEP) acusó este jueves a sus últimos ocho jefes, una decisión inédita esperada durante décadas en Colombia por miles de víctimas.
La JEP, tribunal creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, determinó que los ocho miembros del Secretariado de las FARC, máximo órgano de decisión de la guerrilla, tienen responsabilidad de mando por los vejámenes que sufrieron los secuestrados y los horrores que les causaron durante el conflicto armado.
La Jurisdicción sorprendió al país este jueves al acusar además a los líderes de la guerrilla por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, dijo el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, quien cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres tras la toma de Mitú, capital del selvático departamento del Vaupés.
Una de las implicaciones de la decisión de la JEP es que a partir de hoy el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC” se denominará “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.
Mendieta, quien permaneció secuestrado casi doce años, desde los primeros días de noviembre de 1998 hasta el 13 de junio de 2010, cuando fue rescatado en una operación militar, valoró como positivo ese cambio, pues fue una de las mayores críticas de las víctimas hacia las FARC que argumentaban que se trataba de aprehensiones o retenciones.
La JEP acusó a Rodrigo Londoño, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como a los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.
UNA HERIDA SIN SANAR
El 4 de julio de 2018 la JEP, que no juzga casos individuales, abrió el primero de siete grandes procesos por el conflicto armado relacionado con “el secuestro de personas por parte de las FARC entre 1993 y 2012”, en el que tiene acreditadas a 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de la fuerza pública.
La decisión anunciada hoy por la JEP causó gran impacto en Colombia, que fue durante los años 90 y comienzos de este siglo el país con más secuestros del mundo, privaciones de la libertad que conllevaban tratos contra la dignidad humana como aislamientos forzados, golpizas durante interrogatorios, abuso sexual, reclutamiento y desplazamiento forzados.
Las FARC financiaban gran parte de su actividad guerrillera con los secuestros de civiles de todas las condiciones sociales y también tomaban cautivos a políticos, policías y militares al terminar los sangrientos asaltos a pueblos remotos de todo el país, e incluso hicieron alianzas con bandas de delincuencia común que se dedicaban a traficar cautivos.
La tragedia que causaron es una herida sin sanar con la que viven miles de víctimas que no han sido reparadas, que nunca conocieron la verdad sobre el secuestro de sus familiares o no recuperaron los cuerpos de sus seres queridos muertos en poder de la guerrilla.
“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.
La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente, en los secuestros de larga duración.
RESPONSABILIDAD DE LAS FARC
La JEP determinó que los secuestros no fueron errores de los excombatientes en la guerra o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.
Aunque las víctimas recibieron con beneplácito esa decisión, ahora esperan recibir justicia restaurativa, que la antigua guerrilla acepte las imposiciones del tribunal y que los firmantes del acuerdo de paz digan dónde quedaron los restos de sus seres queridos muertos o asesinados en cautiverio.
“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘mientras no haya reparación no hay justicia’”, advirtió Mendieta.
A partir de hoy los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados. En el primer caso se les impondrán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, no tras las rejas, pero en el caso contrario se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.
Los líderes de las FARC están llamados además a aceptar el sufrimiento infligido a las víctimas, la barbarie con la que las sometieron y las afectaciones morales causadas cuando intentaron justificar estos crímenes.
El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC hicieron un mea culpa para pedir perdón público a sus víctimas de secuestro y a sus familias, en el que reconocieron que ese delito “sólo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.
“Durante las comparecencias, tanto individuales como colectivas, relacionadas con el caso en mención, tuvimos la oportunidad de aportar verdad, contribuir a esclarecer hechos de secuestro y satisfacer demandas de las víctimas; esa conducta nuestra no cambiará ya que nuestro compromiso con la paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición es indeclinable”, reconocieron seis de ellos este jueves.
